(CAMINEO.INFO)- Benigno Blanco recordó que en España "se vive una situación de abierto fraude de ley en materia de aborto pues la ley vigente y el Tribunal Constitucional sólo admiten que no se castigue penalmente el aborto en supuestos concretos y muy estrictos.
El vicepresidente del Foro Español de la Familia (FEF), Benigno Blanco, pidió ayer que se depuren responsabilidades por el caso del aborto ilegal realizado en el Hospital Punta Europa, de Algeciras (Cádiz), por el juzgado número 4 de la ciudad ha encausado a cuatro ginecólogos, y expresó su apoyo a la Administración de Justicia "en la causa iniciada para exigir el respeto a la legislación vigente y, especialmente, a la mujer que, como miles de mujeres españolas, sufre las consecuencias del aborto".
Así, pidieron en un comunicado, que se depuren responsabilidades "si se ha violado la ley" y reclama apoyo para el proyecto Red Madre de apoyo a la mujer embarazada, que está impulsando por toda España y que será objeto de 17 Iniciativas Legislativas Populares (ILPs) cuyo objetivo es conseguir que las administraciones públicas, tanto comunidades autónomas como ayuntamientos de toda España, ofrezcan soluciones reales a los problemas que un embarazo pueda acarrear, especialmente en los casos de adolescentes e inmigrantes.
Blanco apunta que "el número de abortos no deja de aumentar año tras año --un 6% y un 8% en los dos últimos de los que hay datos-- ante la pasividad de la mayoría administraciones públicas y debido a políticas erróneas a la hora de abordar el problema", por ello señala que "la lógica ética, social y política, haría esperable una intervención decidida de las administraciones frente a esta lacra a través del rigor legal, las medidas políticas y la implantación de una red asistencial para mujeres con embarazos inesperados o problemas en su desarrollo".
El portavoz del Foro recordó que en España "se vive una situación de abierto fraude de ley en materia de aborto pues la ley vigente y el Tribunal Constitucional sólo admiten que no se castigue penalmente el aborto en supuestos concretos y muy estrictos, mientras que en la vida real se ha convertido en un negocio donde a cambio de dinero se practica el aborto libre".
Ante esta situación, denuncia la "inactividad de la Fiscalía y del Ministerio de Sanidad", al considerar que no actúan para exigir y garantizar el respeto a la ley vigente.