¿Hasta donde vamos a llegar?

A lo mejor el momento es cuando la futura madre se haya quedado sin trabajo, o la readmitan por presión popular, pero le hagan la vida imposible y entonces será caso de “moobing” veremos lo que alegarán y como ayudarán a esta persona.

E-Cristians dirigió el 19 de enero una carta al Consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña, en relación a la información aparecida días antes sobre una denuncia de carácter laboral presentada por una camarera de un restaurante de Girona porque la empresa la obligaba a abortar si quería renovar su contrato laboral.

En esta carta el Presidente de E-Cristians, Josep Miró i Ardèvol se dirigía al Consejero Joan Saura en estos términos: “la actuación de este restaurante puede incurrir en las figuras penales de incitación al delito y de coacciones ya que promueve un aborto sobre el que obviamente no recaen los supuestos de excepcionalidad que marca la ley con amenaza de no readmisión” y le pedía que “en razón de las responsabilidades de su cargo, adopte las medidas necesarias para abrir la investigación que permita presentar a la justicia los autores de este tipo de actuaciones delictivas”.

La respuesta a la demanda de E-Cristians, que llegó de la mano de Xavier Riu Jefe del Gabinete del departamento del Consejero Saura, fue que “la protagonista ha decidido iniciar uno de los caminos que el ordenamiento jurídico le proporciona, como es la jurisdicción laboral, previa denuncia a la Inspección de Trabajo” y seguía diciendo que “no es pues ahora el momento de investigación policial, sino de resolución judicial del tema planteado”.

Es por esta razón que Josep Miró i Ardèvol en nombre de E-Cristians se dirige al Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, pidiendo “que actúe de urgencia para instar al Departamento de Interior a que tome medidas en este caso” ya que es un “deber de la administración competente promover la persecución de los delincuentes cuando hay indicios razonables de que se ha cometido un delito.

Esta es una actuación de oficio. Por otro lado el proceso penal es siempre preferente aunque haya otro abierto como sería el laboral. Pero es que además el laboral es uno de los casos excepcionales en que incluso procedimientos no penales pueden continuar”. Y sigue diciendo “aun hay un último elemento, que es que la justicia laboral no se ha hecho cargo de la denuncia porque se ha hecho fuera de plazo (...). Con la respuesta del Consejero a través de su jefe de gabinete se pone de relieve una preocupante falta de competencia jurídica y una absoluta falta de información”.