Transexuales celebran nueva Ley Identidad de Género

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la Ley de Identidad de Género, que permitirá a los transexuales cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil sin necesidad de cirugía, con el respaldo de todos los grupos, a excepción del PP, que ha sido duramente criticado por los representantes de ese colectivo presentes en la tribuna de invitados durante el pleno de la Cámara Baja.

Los portavoces parlamentarios se han felicitado por contribuir a la "igualdad" y "dignidad" de los transexuales, a excepción del popular Juan Santaella, quien ha justificado la posición de su grupo en la necesidad de "una resolución judicial y no un simple trámite administrativo, por garantía de los afectados", para modificar los datos en el Registro Civil. La postura del partido que lidera Mariano Rajoy ha sorprendido en el pleno del Congreso, ya que esta formación suscribió el texto durante su debate en el Senado, consensuando, incluso, algunas de sus enmiendas.

El portavoz de Asuntos Sociales del PSOE, Pedro Zerolo, y la coordinadora del Área Transexual del Grupo de Gays y Lesbianas de los socialistas, Carla Antonelli, han achacado este giro a la influencia del sector "ultraconservador" del principal partido de la oposición. Los representantes de los transexuales han reprochado al PP el haber oscurecido este "día histórico" en el que, han alegado, "España se ha situado en la cabecera de Europa" y en "la avanzadilla de los derechos de los transexuales".

La Ley de Identidad de Género, que inició su andadura el 2 de junio de 2006, permitirá a las personas transexuales cambiar su nombre y su sexo en el Registro Civil, siempre y cuando un médico o psicólogo clínico colegiado acredite la "disforia" de género. Una vez tengan esta acreditación, un cambio registral mediante un procedimiento gubernativo y no judicial, otorgará a la persona afectada la nueva identidad.

El cambio de nombre y sexo obligará a quien lo obtenga a pedir la emisión de un nuevo DNI ajustado a la inscripción registral rectificada, conservando siempre el mismo número del documento. En España hay entre 3.000 y 8.000 personas transexuales, según calculan las asociaciones que les representan. Pero sólo un tercio se somete a una reasignación de sexo, según datos del hospital Carlos Haya de Málaga, el único en España que realiza estas intervenciones de forma gratuita.

España se sitúa, con esta ley, a la cabeza de los países con una legislación progresista sobre la transexualidad, todos ellos europeos. Holanda, Alemania, Francia, Italia, Suecia y Reino Unido regulan el cambio de género. Este último país tenía hasta ahora el modelo más avanzado. Como el español, no reclama la cirugía, pero el diagnóstico en Reino Unido sólo lo puede realizar un panel de expertos nombrados por el Gobierno, y no basta con un informe médico o de un psicólogo clínico.

El presidente del colectivo "HazteOir", Ignacio Arsuaga, calificó de "muy negativa" la Ley de Identidad de Género que se vota hoy en el Congreso de los Diputados, por considerar que su aprobación crearía "inseguridad jurídica" al dejar de ser necesario realizarse una operación quirúrgica para cambiar de sexo en el documento de identidad, lo que supone que "el sexo deja de tener una configuración que responda a una realidad fisiológica".

En declaraciones a Europa Press TV, consideró que las consecuencias jurídicas de la aprobación de esta Ley serían "graves", y que daría lugar a casos en los que, por ejemplo, una persona se cambiase de sexo "para recibir un beneficio fiscal o adoptar un niño en el extranjero".

Asimismo, criticó que la norma vaya a permitir que la identidad sexual "se construya o se pueda cambiar varias veces", lo que supone "un retroceso" en el que, "bajo el pretexto de apoyar los derechos de ciertos colectivos que son una minoría, se legisla en contra de la mayoría de las familias españolas".

Por otro lado, señaló que, a pesar de la oposición que "HazteOir" mantiene frente a esta ley y a la que posibilitó el matrimonio entre personas del mismo sexo, este colectivo "no está en contra de los derechos de los homosexuales ni del reconocimiento de sus uniones", pero aspira al reconocimiento de que estas uniones "son una realidad distinta al matrimonio".

En este sentido, añadió que uno de los motivos que animan sus protestas contra iniciativas legislativas de estas características es la defensa de los derechos de los niños en situación de ser adoptados, y su oposición a que sean criados por parejas del mismo sexo. Arsuaga justificó esta postura remitiéndose a un informe sobre desarrollo infantil en el que se recogen algunas de las consecuencias psicológicas que para los menores tiene este hecho. "Defendemos que se experimente con gaseosa, no legislando", apostilló.

Así mismo, el vicepresidente del Foro Español de la Familia (FEF), Benigno Blanco, señaló hoy que la llamada "Ley de Identidad de Género" se inspira "en la idea de que el sexo no es algo natural conformador de la persona, sino fruto de una opción que libremente se puede cambiar en el registro".

Para Blanco, se trata de "la misma ideología que inspira la ley que equipara la uniones de personas del mismo sexo al matrimonio, rechazada por el Partido Popular y recurrida por sus diputados ante el Tribunal Constitucional".

El FEF "siempre se ha opuesto al proyecto de ley conocido popularmente como de identidad de género", señaló su vicepresidente en un comunicado.

Benigno Blanco criticó que la ley permita "la adopción conjunta por dos lesbianas del hijo de una de ellas", por lo que, según señaló, "si el PP se opone a este tipo de adopciones, como ratificó en el Congreso al apoyar la iniciativa de ley del Foro Español de la Familia, no se entiende que las apoye en esta ley" de identidad de género.

Para Blanco, la transexualidad "tiene un tratamiento médico que nada tiene que ver" con la nueva legislación, además de que "el derecho al cambio de sexo en el Registro Civil ha sido regulado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en términos prudentes". En su opinión, la nueva ley "da un salto en el vacío convirtiendo el sexo de la persona en una opción voluntaria al margen de la realidad cromosómica y morfológica y genera una gran inseguridad jurídica".